Con la finalidad de planificar los aspectos laborales, resulta importante para las entidades empleadoras conocer, de manera general, el panorama respecto de la legislación laboral para el presente año.

En este sentido, entendemos que el panorama laboral para el año 2007 podría estructurarse de la siguiente manera:

1. Normas laborales cuya vigencia se hará efectiva en el 2007

El presente año tendrá la particularidad que dos normas laborales de importancia, a pesar que fueron promulgadas en años anteriores, entrarán en vigencia o se harán exigibles para las entidades empleadoras entre los meses de marzo y mayo.

En primer lugar se encuentra el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo promulgado el 30 de septiembre de 2005, cuyas disposiciones son aplicables a todos los trabajadores y empleadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, sin distinción alguna de sector económico, ingresos o número de trabajadores. Es decir, todos los empleadores deberán cumplir con las disposiciones, que sobre materia de seguridad y salud en el trabajo, han sido recogidas en el D.S. Nº 9-2005-TR.

Con este dispositivo legal, se busca crear una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú, objetivo en el cual deben participar, conjuntamente, Estado, trabajadores y empleadores. Dentro de las novedades del presente, reglamento cabe resaltar la responsabilidad objetiva fijada para los empleadores, en el sentido que éstos deberán asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole que se generen como consecuencia de un accidente y/o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o como consecuencia de ellas.

Asimismo se obliga a las entidades empleadoras a contar con un mecanismo de gestión, supervisión y control respecto a estos temas, a través de la conformación de un comité o la designación de un supervisor, dependiendo del número de trabajadores.

La norma otorgó a las entidades empleadoras un de adecuación no mayor de 18 meses, el cual vencerá el 31 de marzo del presente año.

Como segundo tema relevante está la entrada en vigencia del Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios – RTPS o comúnmente denominado “Planillas Electrónicas”. Efectivamente, a partir del mes de mayo del presente año, las entidades empleadoras deberán registrar a sus trabajadores, prestadores de servicios y jóvenes bajo alguna de las modalidades formativas en un registro único, que deberá ser presentado ante la SUNAT.

A través de este sistema se pretende, principalmente, contar con mayor información respecto a los trabajadores y locadores de servicios, así como la realización coordinada de revisiones laborales-tributarias entre la SUNAT y la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Finalmente, y a pesar que no se trata de una norma cuya vigencia ha sido fijada para el 2007, por sus consecuencias para el presente año, consideramos conveniente hacer mención a las normas dictadas por el Gobierno para mejorar la recaudación del Seguro Social en Salud y lograr la puntualidad en el pago de las aportaciones por parte de las entidades empleadoras.

En este sentido, cabe recordar que, a partir del mes de noviembre de 2006, el Seguro Social en Salud ha fijado una base mínima para las aportaciones, la misma que equivalente a la Remuneración Mínima Vital.

Así mismo, se ha establecido que EsSalud o la Entidad Prestadora de Salud tendrá derecho a exigir a la entidad empleadora el reembolso de todas las prestaciones brindadas a sus afiliados regulares y derechohabientes, cuando ésta no cumpla con el pago oportuno de las aportaciones dentro de un periodo de 18 meses anteriores a la ocurrencia de la contingencia; caso contrario, estas instituciones podrán repetir contra las entidades empleadoras mediante el inicio de procedimientos de cobranza coactiva.

2. Posibles normas laborales que se dictarán durante el año 2007

En el terreno de las posibilidades existen muchas normas laborales que se encuentran en el tapete, y, que quizás porque nos encontramos en la primera etapa de un nuevo Gobierno, éstas serán promulgadas definitivamente este año.

Es evidente que la primera de las normas a la que debemos hacer mención, es a la Ley General del Trabajo, la misma que tiene más de 5 años discutiéndose y modificándose. Debemos observar que este proyecto de Ley pasado por dos Gobiernos, dos Congresos y varias gestiones ministeriales, mantiene poco de lo trabajado por la Comisión de Expertos que la elaboraron.

El proyecto de la Ley General del Trabajo se encuentra actualmente entrampado por la sensibilidad del tema, en el sentido de establecer cuál será el derecho que tendrá un trabajador despedido injustificadamente; es decir, si sólo tendrá derecho a una reparación económica o también tendrá como alternativa (a su elección) la posibilidad de exigir su restitución o reposición en su puesto de trabajo.

Sin embargo, será muy importante que los Congresista tomen en cuenta que si queremos un Código (Ley) General del Trabajo, lo necesitamos elaborado de manera coherente y armónica, para que se establezcan las bases de la normatividad laboral peruana y uno cuya vigencia sea corta.

Otro tema que ya se ha discutido hasta la saciedad y que parece estar llegando a buen puerto, es el de la posibilidad de desafiliarse del Sistema Privado de Pensiones. Hemos suprimido la trillada frase “libre desafiliación” porque somos de la opinión que esta posibilidad solamente debe darse en ciertos casos, en los cuales existan elementos suficientes para determinar que la afiliación al Sistema Privado de Pensiones perjudica al afiliado – en cuanto al monto o al derecho a la pensión –, previa evaluación de un órgano competente, y dentro de un plazo determinado.

Otro tema importante es la regulación sobre las figuras de la intermediación de personal y la tercerización de servicios. En lo que se refiere a estos temas tenemos entendido que el Poder Ejecutivo viene preparando una modificación de las normas reglamentarias para definir, más clara y puntualmente, las figuras de la intermediación y la tercerización, a fin que no se utilice ésta última para encubrir relaciones laborales directas o destaques de personal.

De esta manera, consideramos que se deberá dejar de lado la posición del Poder Ejecutivo en el sentido de hacer participar a los trabajadores de las empresas intermediadoras en las utilidades de las usuarias. Estamos convencidos que la solución de los incumplimientos laborales respecto a las empresas intermediadoras no pasa por desnaturalizar la figura de la participación en las utilidades, sino de fiscalizar mejor a este tipo de empresas y a las empresas usuarias.

Como temas un poco más lejanos podemos encontrar el proyecto de una nueva Ley Procesal del Trabajo que permitirá una mayor celeridad en los procesos laborales, otorgándole mayor relevancia al carácter oral del mismo. 

Asimismo, los Ministerios de Trabajo y de Producción vienen discutiendo sobre la posibilidad de ampliar el marco de aplicación de las normas laborales especiales para las MYPES, ampliado el número de trabajadores y de ingresos para que las empresas sean consideradas como microempresas. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – a través de su Vice Ministerio de Empleo – no existe razón para ampliar éstos limites, señalando que lo único que se lograría es que las empresas utilicen la norma de manera fraudulenta.

3. La política de fiscalización de las obligaciones laborales pendiente para el año 2007

Con la entrada en vigencia de Ley General de Inspección del Trabajo, a partir del mes de octubre de 2006, se ha otorgado a la Autoridad Administrativa de Trabajo las herramientas para hacer del sistema inspectivo uno más eficiente, el cual constituya en un medio para exigir el cumplimiento oportuno de los derechos laborales, dentro del marco de un procedimiento administrativo que respete el derecho de defensa del empleador.

Con esta herramienta legislativa, consideramos que la Autoridad Administrativa de Trabajo podrá desarrollar, durante el 2007, un plan de inspecciones más agresivo, rápido y eficiente. Para ello, deberá previamente cumplir con requisitos fundamentales como el implementar un mayor número de inspectores (no solamente en Lima sino, principalmente, en provincia), elaborar un programa de capacitación permanente para éstos; y, brindarles, dentro de las posibilidades del presupuesto, mejores condiciones para la prestación de sus servicios.

Será fundamental para las labores de inspección, la entrada en vigencia de las “planillas electrónicas”, sistema que al permitir que la Autoridad Administrativa de Trabajo cuente con mayor información de los trabajadores, haga más eficiente y rápida la labor de los inspectores del trabajo, pues ya no requerirán ir a las empresas para levantar información. No obstante ello, en caso fueran, solamente será para confirmar la información con la que ya cuentan.  De esta manera, se moderniza el sistema de inspección del trabajo.